Colony Park es un ambicioso proyecto inmobiliario. Su objetivo es levantar un country náutico en una isla del Delta, sin contacto con el continente, al que se accedería en transbordador. Para eso, está adueñándose del arroyo Anguila -retratado con maestría en la novela Sudeste, de Haroldo Conti- y destruyendo el frágil ecosistema de los humedales, dejando a una veintena de familias sin hogar y atentando contra un centenar de especies animales y vegetales. La urbanización creciente en toda la región de las islas del Bajo Delta puede constituir un peligro a futuro, ya que estas islas son un tapón natural contra las inundaciones que provoca la sudestada.

Los encargados del proyecto son viejos conocidos del mundo de los countries y en más de una ocasión sus planes urbanísticos han sido motivo de encendidas polémicas. El máster plan fue realizado por los arquitectos Fernando Robirosa, Florencio Beccar Varela y Marco Pasinato, del estudio RBVP; en tanto el proyecto de deforestación fue obra del estudio Thays, del ingeniero agrónomo y paisajista Carlos Thays y el arquitecto y paisajista Jorge Clemente Mariano Baya Casal. También integran la partida la empresa constructora de lagunas artificiales Fish & Lakes y la guardería náutica Marina del Norte.

El presidente de Colony Park es Adrián Gabriel Schwartz, un licenciado en administración sin experiencia en countries. Además, es director titular del grupo Simpa SA y Manufactura Austral SA, compañías del rubro plástico, y suplente en Noroc SA, dedicada a la compraventa de inmuebles urbanos y rurales. Schwartz fue denunciado por los isleños como uno de los responsables de la tensa situación que se vive en el Delta.

El Municipio de Tigre, durante la intendencia de Hiram Gualdoni, le otorgó a la empresa una autorización provisoria para iniciar las obras. Pero la gestión de Sergio Massa consideró “irregulares” los permisos y dispuso la clausura en junio de 2008, al ver que se estaba realizando movimiento de suelos.

El secretario de Inversión Pública, Urbanismo y Gestión Ambiental, Antonio Grandoni, labró un acta de “paralización de obra”, hasta tanto “se realicen los estudios de impacto ambiental correspondientes”. Además aplicaron multas a la empresa de hasta cien mil pesos.

Sin embargo, Colony Park cuenta con la prefactibilidad de uso, emitida por el Municipio de San Fernando y el ministerio de Planificación Federal para el dragado de arroyos.

No obstante, si bien ese distrito dio un primer visto bueno, luego, con los cuestionamientos de Massa, decidió plegarse a la postura de Tigre.

En tanto, desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), señalan a Desafío Económico que no pueden efectuar el informe de impacto ambiental sin la autorización de la Justicia.

A pesar de sus detractores, las obras continuaron. Prueba de ello fueron los desalojos sufridos por los isleños, cuyas casas fueron derribadas por la empresa en dos ocasiones, según indican diferen-tes testigos a este medio.

En agosto de 2008 Colony Park arrasó por primera vez las viviendas de veinte familias, ubicadas a orillas del arroyo Anguila y canal Vinculación, en la primera Sección de Islas, cuentan.

De inmediato los isleños se autoconvocaron y dieron origen a la Asamblea Río de la Plata Cuenca Internacional, lo que les permitió hacer más consistentes sus denuncias y definir estrategias comunes para no perder nuevamente sus viviendas.
Rearmaron pacientemente sus hogares en el mismo lugar, pero la persistencia no fue suficiente para frenar a las topadoras, que el 25 de mayo de 2009 arremetieron otra vez contra las casas, plantaciones, canchas de juncos y canoas isleñas, cuando algunos de sus habitantes se encontraban en el continente y otros en sus actividades de pesca.

El paisaje está siendo alterado por la construcción de terraplenes y la destrucción de la vegetación preexistente. La madera de los árboles plantados por los isleños es usada como relleno de estos montículos. Además, se obstruye el arroyo con una draga, lo que dificulta la navegación y la posibilidad de que las familias reconstruyan una vez más sus hogares.

Ya son diez las denuncias vecinales por “destrucción de viviendas y bienes”, efectuadas ante las fiscalías 1, 2 y 3 de General Pacheco. Además, en junio de 2008, el abogado de las familias, Enrique Ferreccio, realizó una presentación penal ante la jueza federal 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Ella derivó la causa a la Fiscalía Nº 2 de San Isidro, a cargo de Sebastián Lorenzo Baso. Este intentó declararse incompetente, pero le fue impedido por la jueza. El tema llegó
a la Fiscalía Federal, que le dio la razón a Baso, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia volvió a decirle que debía investigar.

En diálogo con Desafío, Baso justifica su pedido de alejamiento expresando que, a su entender, no era clara en un principio la jurisdicción federal, y dice que se está recopilando información de organismos nacionales, provinciales y municipales que tienen injerencia en la cuestión. En tanto, remarca que “si no tienen permiso y están haciendo obras, es el Municipio el que tiene que actuar”.

Los isleños no cuentan con título de propiedad pero, según Ferreccio, están amparados por la ley de Posesión Veinteañal, para la cual, si una familia permanece en un terreno durante más de veinte años en forma pacífica, pública e ininterrumpida y le hace mejoras sustanciales, tiene derecho de reclamarlo como propio.

En el marco de la causa por “falsedad ideológica”, el abogado exige que se de-clare nula la Escritura Pública Nº 300, donde consta la transacción entre Better SA y Colony Park SA. La empresa es la dueña legal del terreno desde septiembre de 1999, cuando pagó 30.000 pesos por 360 hectáreas de la isla a la compañía uruguaya Better SA. Actualmente vende cada lote de media hectárea por 200.000 dólares.

En el punto 3º del acta de presentación de prueba testimonial que Ferreccio entregó al fiscal federal, se afirma que “a la población isleña le parece muy extraño que, luego de un año de iniciados y denunciados los hechos, exista una total indiferencia hacia nosotros por parte de la Administración de Justicia, de las Autoridades de Aplicación como la Prefectura Naval Argentina, de las Autoridades Ambientales de los Estados nacional, provincial y municipal, por la omisión de control; y finalmente somos testigos de que haya realizado una inspección judicial el MPF, pasando en tres vuelos muy veloces y con las lanchas de Prefectura que no se internaron en los arroyos donde vivimos”. En tanto, en el punto 5º declaran que no pueden concebir por qué el fiscal “no cumplió en su inspección con lo dispuesto en el punto 2 de la fs 167, donde debía verificar: dragado, refulado, perfilado de costa, relleno de predios, aumento de cota, su ubicación y altura; movimiento de suelos, desmonte y su influencia en la navegabilidad de las rías; pruebas que demuestran los delitos federales denunciados por la población civil”. En el documento los isleños también sostienen que el agua de superficie se encuentra adulterada por biosólidos y aceites de dragado.

El 19 de agosto último se dictó una medida cautelar de suspensión de obra. “Se notificó de este estatus jurídico a Colony Park y a la Municipalidad de Tigre con fecha 25 de agosto de 2009. También por carta documento se notificó a la Municipalidad de San Fernando, a la subsecretaría de Puertos, a la dirección de Obras Hidráulicas de la Provincia y a otras re-particiones públicas”, relató el vecino Ricardo Barbieri en su blog El Tigre Verde.

Asimismo, expresó que Colony Park, interpuso un recurso de apelación, aunque ese procedimiento no suspende la medida decretada. “La causa con fecha 6/10/09 pasó a la segunda etapa, denominada Probatoria. Mientras este proceso se desarrolla, las obras deberían continuar paralizadas”

El proyecto

La construcción de Colony Park comenzó en 2007. Contará con una superficie de 300 hectáreas y se prevé la realización de un gran canal artificial de 30 metros de ancho para separar la construcción de las otras islas. Tendrá 60 hectáreas de lagunas interiores para deportes de vela y remo, dispondrá de red vial propia y se podrá acceder con auto hasta cada lote a través de tres transbordadores privados.

Además, habrá red de gas, cloacas, red subterránea de agua, dos escuelas, un supermercado, shopping, sala de primeros auxilios, helipuerto; canchas de golf, básquet, tenis y vóley; 3 marinas para más de 700 embarcaciones, club house, salón de usos múltiples con restaurante y un spa de última generación. La vigilancia será permanente y estará a cargo de Prefectura.

Los lotes se venden por anticipado y con el dinero de las obtenido se financian las obras. Ya se ha vendido el 56% de los lotes y tres de las cinco etapas de realización están en desarrollo.

El emprendimiento violaría también la ordenanza 758/88, firmada por el fallecido intendente de Tigre Ricardo Ubieto, que dispuso “la creación de la Reserva Natural Integral Parque Ecológico de la Primera Sección de las Islas del Delta del Paraná, partido del Tigre”.

El objetivo era preservar la zona para el natural desarrollo ecológico, “poniendo en vigencia el marco jurídico necesario para garantizar tal proceso e impedir toda acción privada o pública que no tenga en cuenta los mencionados intereses de protección al medio ambiente”.

Fuente: Revista Desafío Económico