Realidad complicada la que le toca vivir hoy día a la Argentina, no sólo por las divisiones políticas que muestran un nivel de incapacidad dirigencial muy grandes para resolver los problemas más urgentes de la sociedad, sino también por las diferencias sociales que cada día son más marcadas en un país donde los que no tienen nada están totalmente marginados del sistema.

La situación social en nuestro país hace mucho que dejó de estar entre las mejores, y de aquellos dorados años ’40 y ’50 donde se gozó de un bienestar mayúsculo y la clase trabajadora aportaba el 53 por ciento del PBI, se pasó a este contexto en que los trabajadores apenas si rozan el 20 por ciento su participación en el total del producto bruto nacional y con millones de pobres e indigentes, que lastiman a todos los que quieren una Argentina grande y en crecimiento.

Los cambios en la distribución territorial de la población se presentan también en el sistema de asentamientos de la población, específicamente en la relación entre asentamientos urbanos y rurales. Ya se ha señalado el alto nivel de urbanización que el país presentó a lo largo del siglo XX, con niveles superiores al 50 por ciento a principios del mismo y prácticamente del 90 por ciento en el año 2001. El sistema urbano argentino estuvo históricamente caracterizado por el alto nivel de concentración en la ciudad principal, Buenos Aires.

Una de esas interpretaciones ha puesto énfasis en el carácter territorialmente concentrado y “desequilibrado” del poblamiento del país. La información reseñada muestra que la desigual distribución de la población en el territorio es el resultado de procesos específicos de valorización del mismo a lo largo del tiempo, no habiendo indicios de que posea un carácter condicionante ni limitante para la sociedad.

Más aún, permite reconocer que en la segunda mitad del siglo XX se presentan tendencias que, sin modificar la distribución heredada, van hacia la desconcentración. Otra de las interpretaciones que han tenido amplia difusión es la que remite al carácter problemático de la gran concentración poblacional en la ciudad primada, Buenos Aires. La evidencia disponible muestra que el conjunto del sistema urbano nacional viene transformándose: va surgiendo un conjunto creciente de unidades urbanas de tamaño intermedio, distribuidas en todo el territorio nacional.

Lo llamativo es que no existe en el ámbito estatal información estadística sobre las villas de emergencia: la cantidad y los lugares donde están radicadas, el porcentaje real de incremento en los últimos años y las características específicas de cada una de ellas. Existen datos sueltos, pero poca información oficial que dé realidad sobre este fenómeno, menos aún desde la intervención del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), que paralizó sus cifras y “morenizaron” las mismas, convirtiéndolas en casi una burla a la luz de los ciudadanos.  

Datos ofrecidos por la ONG “Un techo para mi país”, aseguran que en el Gran Buenos Aires (GBA) hay 508.144 familias, 864 villas y asentamientos. Aunque el 66,3% de las villas y asentamientos se conformó hace más de 15 años, en el 65,4% se sigue construyendo.

En el área más poblada de la Argentina, el partido que más villas miserias posee es La Matanza, con 156, y se informa que de los asentamientos existentes hoy día, en el 68,1% conviven grupos migratorios provenientes del interior del país, y en el 82,8% hay grupos migratorios de países limítrofes.

Con estos últimos datos, puede observarse el cambio en la composición de la migración externa que pasa a ser casi exclusivamente de países limítrofes, al mismo tiempo que se va conformando como el corazón de un subsistema regional de migración en el Cono Sur, se constituye en un país que expulsa población

Otro de los datos que da el informe, es que sólo en el 16% de las urbanizaciones informales se han implementado programas de vivienda por parte del Estado. La mayoría, entre 2009 y 2010. El 52,4% de las villas y asentamientos se levantan sobre tierras fiscales y el 22,9% en tierras privadas. Un 35,3% está sobre lechos de arroyos o ríos, el 33,6% cerca de caminos de alto tráfico y el 21,9%, de basurales.

El 84,3% de las villas y asentamientos cuenta con una escuela primaria pública a menos de diez cuadras, porcentaje que se reduce al 57,6% para el nivel secundario, una situación que influye en el grado de deserción escolar y repitencia para este nivel. Si bien en el 67,7% de los casos se puede acceder a un centro de atención primaria en ese radio, únicamente el 7% tiene un hospital cerca. 

A la luz de estos datos, resulta risorio que desde el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), indique que la pobreza bajó en el primer semestre de este año al 8,3 por ciento, 3,7 puntos porcentuales menos que el 12 por ciento registrado entre enero y junio de 2010. Además, el número de indigentes, comprendidos dentro de la medición de pobreza y que abarca a las personas cuyos ingresos no alcanzan para comprar lo mínimo indispensable para subsistir, retrocedió a 2,4 por ciento desde el 3,1 por ciento del primer semestre del año pasado.

Los datos de la realidad que proveen otros organismos oficiales contrastan con los que da el cuestionado Indec, y la realidad estaría más cerca de lo que dice la Iglesia Católica y distintos organismos privados, que indican que entre pobreza e indigencia, el 40% de la población argentina tiene sus necesidades básicas insatisfechas.

En un país que ha creado a millones de “desaparecidos sociales”, que son los chicos que se criaron en casas donde sus padres no tenían trabajo y estaban al desamparo total de un Estado ausente, y que se sumergían en la pobreza debido sobre todo a una política económica que viene desde la última dictadura militar, pasando por el neoliberalismo de los '90, que llevaron a una buena parte de la Argentina a una pobreza estructural de la cual costará décadas salir adelante.

La Argentina se ha transformado en un territorio donde la educación y la salud están cerradas a una parte de la población, donde la vivienda propia y digna está destinada a unos pocos, donde el trabajo pasa a ser un lujo y no un derecho, y se incentiva más al pillo que está en el poder y hace todo por izquierda en vez de subir peldaños legalmente, todo esto termina siendo el principal caldo de cultivo para que las personas salgan a delinquir.

Sólo con una fuerte política de Estado que tienda al mejoramiento gradual y sustancial de la situación social, que lleve a un mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos, que procure atender las causas y no que atienda los hechos consumados, la Argentina podrá volver a recuperar la excelencia que supo tener en una época, y evitar que se siga cayendo en el desgaste y deterioro de las últimas décadas.