“Semi plena prueba”, así había definido Fernández a la supuesta “contundencia” de los elementos probatorios de la investigación sobre la quema de vagones de la línea Sarmiento, del pasado 2 de mayo, que comprometían al delegado gremial Rubén Sobrero. Para el fiscal Jorge Sica, la prueba, más que “semi plena”, es “endeble”, como la posición en la que quedó el jefe de Gabinete.

El administrador general del país y primer candidato a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires se tropezó con un expediente presuntamente manipulado, que hace recordar a esos tiempos no tan lejanos en los que las garantías constitucionales eran poco más que una ilusión.

Más preocupante que las declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros es la actuación, en este episodio, de la Policía Federal que supo dirigir Fernández durante más de un lustro y que ahora responde al mando de Nilda Garré.

Existe “semi plena prueba” de que al menos tres efectivos (un comisario, un inspector y un cabo) construyeron el relato que emocionó al jefe de Gabinete y que desembocó en la detención del sindicalista opositor Sobrero.

Como por arte de magia policial, los tres uniformados recordaron cuatro meses después del incendio de los trenes que uno de los detenidos, Alan Skrobacki, había manifestado al momento de su aprehensión que un tal “Leo” le había pagado cien pesos para iniciar los desmanes. Y además del dinero, recordaron que el detenido confesó que también le habían facilitado el combustible para incendiar el vagón.

La versión “intempestiva” (como la definió el fiscal) fue ratificada por el propio imputado, que amplió su declaración en coincidencia con la nueva versión policial. “Qué casualidad”, parafraseando al ministro Fernández.

La historia que “compró” el jefe de Gabinete estaba plagada de contradicciones. La más evidente: en la primera versión de los hechos, Skrobacki confiesa que incendió un vagón en las cercanías de la estación Liniers con un encendedor y un desodorante en aerosol que le proveyó en ese mismo momento un hombre de camisa blanca, que también viajaba en la formación. Hay una prueba contundente de ello: un video que filmó un pasajero. Aquel día, ni el detenido ni los policías hablaron de “Leo”, el combustible, o el dinero.

La Secretaría de Inteligencia aportó el resto de la “prueba” para avanzar con las detenciones: los espías dedujeron que “Leo” era el ex vocero de Sobrero, Leonardo Portorreal, con quien el sindicalista no trabaja más desde hace cinco años. Lo insólito del caso es que la orden de detención contra Portorreal se basó en la descripción aportada por Skrobacki de un hombre alto, de un 1,80 metros, de ojos claros y tez blanca. La inteligencia del Estado no halló ninguna contradicción cuando se llevaron esposado a un morocho retacón.

El juez Juan Manuel Yalj le pasó la factura a la SIDE, que completó el papelón con la detención de una persona equivocada: a pesar de que habían llegado a él por otro video, es decir que tenían el rostro identificado, los policías aprehendieron al hermano de Angel Akson, en lugar de atrapar al acusado. Parecido, no es lo mismo.

“Infelices tareas de inteligencia”, sentenció Yalj.

La situación del juez es sumamente “endeble”, y no de ahora. Yalj es subrogante, ocupa su cargo en forma provisional. La permanencia en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín depende exclusivamente de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que puede retrasar o acelerar el trámite para cubrir la vacante, caso en que el abogado deberá ceder el lugar. Yalj, como muchos otros jueces subrogantes, se expone por vía doble a la lapicera política. Al mismo tiempo concursa para camarista federal y su caso está a la espera de la última firma necesaria para conseguir el ascenso.

Los juzgados federales están repletos de jueces subrogantes, expuestos al arbitrio del poder político. Los casos se tornan aún más sugestivos cuando la materia investigada es de alto impacto como la supuesta integración de una banda criminal, liderada por un sindicalista opositor, organizada para cometer un atentado contra el transporte público de pasajeros.

Algo “extraño” ocurrió aquella mañana del 2 de mayo, cuando cinco formaciones distintas del ferrocarril Sarmiento fueron atacadas en un lapso de 15 minutos, luego del descarrilamiento, presuntamente inducido, de otro tren, que paralizó el servicio. La evidencia del ataque es “semi plena”. Pero difícilmente se pueda llegar a la verdad con un una policía y un servicio de inteligencia dignos de una comedia. A la pesquisa sobre los incendios deberá sumarse una investigación sobre la investigación.

El caso del sabotaje al Sarmiento es una “semi plena prueba” de un sistema político y judicial sumamente “endeble”.