La Secretaría de Energía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas oficializaron este jueves, mediante la Resolución Conjunta 2/2025, el inicio de los actos preparatorios para la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue y extendieron una invitación a las provincias de Río Negro y Neuquén para que designen un representante cada una, en carácter de veedores, durante el proceso de licitación.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte de una serie de pasos establecidos por el Gobierno Nacional para avanzar en la concesión de las centrales de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados. La resolución deja constancia de que ambas provincias “han tomado su debida participación en el proceso” y les ofrece ahora una vía de participación institucional, aunque no vinculante, a través del rol de veeduría.

El llamado a concurso público nacional e internacional se realizará para adjudicar el paquete accionario mayoritario de las nuevas sociedades conformadas para operar los complejos hidroeléctricos. Cada concesión tendrá un plazo de 30 años, según el esquema previsto.

La invitación se da en un contexto de fuertes tensiones entre Nación y las provincias patagónicas, que reclaman un rol protagónico en la administración de las represas por estar ubicadas en sus territorios y utilizar recursos naturales bajo su jurisdicción, como el agua. Desde el Gobierno Nacional ya se había adelantado que, para participar como accionistas, las provincias deberán comprar acciones en igualdad de condiciones que el resto de los oferentes.

Mientras tanto, tanto Río Negro como Neuquén mantienen abierta la negociación política y legal. Neuquén, por su parte, tiene vigente una ley que impone un canon por el uso del agua en proyectos de generación eléctrica, lo que podría ser utilizado como herramienta de presión si no se respetan sus atribuciones.

La resolución también prevé la creación de una Comisión Evaluadora conjunta entre la Secretaría de Energía y la Agencia, asistencia técnica de CAMMESA y ENARSA, y una tasación independiente a cargo de una consultora internacional, en lugar del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Además, se habilita la utilización de plataformas virtuales de la Oficina Nacional de Contrataciones para garantizar la transparencia del proceso.