En una nueva publicación del Boletín Oficial el gobierno nacional dio a conocer al derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 805/21, el cual extendía el plazo de la emergencia territorial indígena hasta noviembre del 2025. 

Nación dio una serie de argumentos para la derogación del Decreto y entre ellos sostiene que esta prórroga "ha generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores".

Por otra parte, señalan un incremento en el registro de comunidades que aseguran tiene que ver con un "uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas, las cuales en muchos casos se fragmentan tornando inoficioso el objetivo para el cual fue inicialmente prevista la declaración de emergencia". 

También hacen referencia a las "tomas y usurpaciones", y desliza la idea de que las comunidades mapuches han provocado, en este contexto, hechos de violencia, y daños medioambientales con incendios, expresando concretamente que "el conflicto por la toma y usurpación de tierras, en muchos casos ejerciendo violencia" y que "se han bloqueado el desarrollo de inversiones y las obras de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos, e inclusive se ha vulnerado el derecho a la tierra de familias que pertenecen a los mismos pueblos originarios". Además, mencionan que "el conflicto en el sur de la REPÚBLICA ARGENTINA creció progresivamente, derivándose en la toma de tierras y en la provocación de graves daños ambientales, sobre todo con incendios intencionales y reiterados a plantaciones forestales y bosques naturales". 

En este sentido, la publicación en el Boletín Oficial es redundante en el argumento de Nación de que esto permitió "una larga serie de acciones que avasallaron los derechos de la ciudadanía y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado", y que de continuar prorrogando el Decreto "implicaría la consolidación de la discriminación entre ciudadanos argentinos, además de exaltar el grave daño que esa situación provoca al sistema republicano de gobierno".

Finalmente, el Decreto 1083/2024 publicado hoy establece en su art 2: "Declárase finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 26.160, y la suspensión dispuesta en el artículo 2° de la mencionada ley, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto".