La región Patagónica es la más rica del país en cuanto a la extracción de petróleo. La explotación de este recurso no renovable está, en general, en manos de grandes corporaciones extranjeras cuyas facturaciones anuales son millonarias. El control de la actividad es ampliamente cuestionado y benevolente con las firmas. Los números son alarmantes. Para un total de 22 mil pozos petroleros hay apenas 20 personas que deberían controlar la cantidad que se extrae. El régimen implementado, aunque parezca increíble, es el de declaración jurada. Es decir que son las propias empresas las que dicen cuánto extraen y tributan a las provincias en consencuencia.
La intensa actividad ha provocado que este recurso tenga fecha certera de vencimiento. Es el caso del petróleo, el tan preciado y necesario oro negro. Un negocio de pocos, con ganancias millonarias y pocos dividendos para nuestro país.
Para Argentina, el hallazgo de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907 fue el inicio de un ciclo de fructífero desarrollo de su industria, aunque, claro, ésta iría sufriendo los avatares de los cambios de rumbo políticos. En esa época, nuestro país formaba parte de un selecto grupo de países con un gran poderío económico y una clase dirigente comprometida con el desarrollo económico e institucional de la Nación. Si bien la legislación consideraba que el recurso debía ser explotado por el sector privado, el peso político y estratégico de mantener la producción petrolera bajo la órbita del Estado condicionó fuertemente la organización de la industria en esos primeros años de vida. La consecuencia posterior de esa decisión fue la creación de “Yacimientos Petrolíferos Fiscales” (YPF). El paso de los años fue cambiando esta concepción, hasta que con la privatización de esta empresa, llegaron los capitales extranjeros al país para hacerse cargo de la explotación de hidrocarburos. El hallazgo en la década del ‘90 de estos recursos en la denominada Cuenca Neuquina, que conforman Neuquén, La Pampa, Mendoza y Río Negro, potenció a estas provincias en lo que a su actividad comercial se refiere. Pero el petróleo se agota en la Cuenca Neuquina y no se avizora la existencia de un nuevo yacimiento que amplíe el horizonte de reservas. De todas formas, Neuquén continúa siendo la segunda productora nacional de crudo -detrás de Chubut- y la primera de gas. La posibilidad de encontrar nuevos yacimientos petrolíferos que amplíen el horizonte de reservas es prácticamente nula. Los números de las regalías que reciben los estados provinciales se mantienen en el tiempo mientras que la producción aumenta. En este punto cabe entonces una pregunta: ¿quién y cómo se controla la extracción de crudo? ¿Es adecuado el número que reciben las provincias en concepto de regalías? ¿Por qué actualmente se renegocian contratos que vencen recién en 2017?
Los dueños del negocio
Los nombres de las empresas que concentran la explotación de petróleo en la Patagonia argentina parecen repetirse en las cuatro provincias mencionadas. En algunas más, en otras menos, lo cierto es que todas pertenecen a capitales extranjeros. En Río Negro, el grueso de la producción está centrado en tres firmas, YPF SA, Petrobras son empresas que se denominan integradas -por extraer crudo y posteriormente su refinación- y Petrolera Entre Lomas. Entre ellas, concentran casi el 80% de la explotación del crudo e hidrocarburos. En el caso de Neuquén hay más compañías. En primer lugar se ubica YPF, con cerca del 50% de la producción, Chevron, en segundo lugar, más atrás Pluspetrol, Petrobras, Apache, Pan American, Petrolera Entre Lomas, APCO, Tecpetrol, Medanito, Gas y Petróleo de Neuquén (la empresa estatal), San Jorge, Petroandina, Petrolera Piedra del Aguila y Petrolera Sudamericana. Las principales empresas que se dedican a la extracción en Chubut, primera productora de crudo a nivel nacional, son Pan American Energy, YPF SA, Tecpetrol, Petrobras Energía, Occidental Energía, Petro Andina Resources, Chevron Argentina, Total Austral, Petrolera Entre Lomas y finalmente Pluspetrol, dentro de la nómina de las 10 más importantes. Fuentes cercanas al Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut explicaron que las empresas petroleras les dan empleo directo o indirecto a unos 25.000 chubutenses y esto es porque las empresas contratan a muchas otras empresas de menor tamaño para realizar trabajos indirectos, como por ejemplo la perforación de nuevos pozos, terminación de pozos o la construcción de oleoductos. Por último, en Santa Cruz son cuatro operadoras. YPF que abarca el 50% de la producción total de crudo, Petrobras que absorbe el 50% de la producción gasífera, junto a OXY y Pan American Energy. Y pese a que la crisis golpeó a las exportaciones argentinas el año pasado, que registraron en conjunto una caída del 20% con respecto a 2008, no a todas las empresas les fue del mismo modo, y justamente a las cuatro operadoras principales les fue particularmente bien, ubicándose entre las 20 primeras en exportaciones en la Argentina, lideradas por YPF, que exportó por 4.500 millones de dólares. En Santa Cruz, la operadora facturó por un valor promedio de 920 millones de dólares, de los 1.800 que facturaron la totalidad de las productoras en el territorio provincial. La principal cuenca productora está en el Golfo San Jorge. Ahí comparten explotación YPF, Pan American Energy y Occidental Argentina (OXY). Petrobras tiene concentrada su operación en la Cuenca Austral a la que se le suma Sipetrol, cuya principal producción está concentrada en las plataformas off shore en el área Magallanes.
Las benevolentes regalías
Los números que perciben las provincias patagónicas en relación a las regalías por la explotación petrolera son similares. La provincia rionegrina percibe el 12% de la explotación de petróleo. En dinero, el Estado percibe un promedio de 30 millones de pesos mensuales. En un período anual, esa suma se transforma en un negocio para las arcas del Estado, que alcanza los 360 millones de pesos anuales. Mientras que las empresas concesionarias en los mismos términos de tiempo, llegan a 2.640 millones de pesos anuales, en una provincia que si bien posee recursos petroleros no es una de las actividades económicas que más dividendos genera para el erario público. La provincia de Río Negro recibió la administración de los recursos a partir de la puesta en marcha de la denominada Ley Corta -ley Nº 26.197 promulgada en enero de 2007.
En Neuquén se cobra el 15% de regalías (12% de regalías y 3% de canon extraordinario). El valor de petróleo en Neuquén ronda los 49,50 dólares por barril, según lo que acordó para el mercado interno la secretaría de Energía de la Nación, mientras que el gas tiene un valor variable según el mercado al que esté destinado, así, el gas domiciliario alcanza a un dólar el millón de BTU, mientras que el destinado a la industria trepa hasta 2,7 dólares por millón de BTU. Si se lo compara con el gas que se importa de Bolivia o el gas licuado que se importa en Puerto Rosales (provincia de Buenos Aires), hay entre cinco y seis dólares de diferencia, de acuerdo al mercado.
Gracias a la ventaja natural que tiene Chubut al poder explotar la Cuenca del Golfo San Jorge que comparte con Santa Cruz, el Estado provincial recibe un ingreso por regalías petrolíferas de varios millones de pesos. Según consta en los registros de Rentas de la provincia, en 2006 fueron 968.757.456,91, en 2007 997.509.981,56, en 2008 1.127.113.435,00 y el año 2009 cerró con regalías por 1.223.685.630,70 de pesos, lo que ha llegado a significar casi el 40% del presupuesto total de la provincia en años anteriores, como el caso de 2007, que presentó un presupuesto de 2.100 millones y las regalías alcanzaron el 40% de los ingresos económicos de la provincia.
Ya en 2010, el presupuesto global de los tres poderes del Estado provincial tiene una pauta general de aumento de 8,1% con respecto a 2009 y asciende a 5.216.406.402 pesos, dentro del cual el propio ministro de Economía, Víctor Cisterna, reconoció que al menos un 20% corresponde a lo que se espera obtener en concepto de regalías petroleras. En la provincia K de Santa Cruz, en el marco actual, regido por los contratos de concesión nacionales que vencen, en su mayoría en 2017, las operadoras pagan un 12% de regalías.
En el caso de Pan American Energy, la única que ya firmó la prórroga de su yacimiento por diez años más con opción a otro período similar, luego de un largo y debatido contrato que generó más de una movilización y denuncia por parte de la oposición al gobierno recién asumido de Daniel Peralta, mejoró las regalías, con un canon mensual que equivale a 3 puntos más arriba del 12%.
Controles de “buena fe”
El sistema de control en la extracción de crudo en las cuatro provincias patagónicas es similar y ampliamente cuestionado por varios sectores políticos y sociales. Con algunas variaciones en la cantidad de inspectores, que tendría que tener relación directa con la cantidad de pozos petroleros, y algunos cambios de nombres en los organismos estatales que deben supervisar, el régimen implementado es el de declaración jurada. Las empresas realizan a diario su labor en la extracción de este recurso y vuelcan los datos de las extracciones en una planilla diaria. Esta, a final día, se traduce en una especie de declaración jurada que debe presentar cada empresa ante el organismo oficial pertinente y en base a éstos se abonan las regalías al Estado provincial. Este sistema presenta varios cuestionamientos posibles. En primer lugar, los datos consignados en estas planillas son datos proporcionados por la propia empresa que debe pagar de acuerdo a los mismos, las cuotas por regalías. Es decir que es la misma compañía la que determina en base a la cantidad extraída lo que debe abonar. En segundo lugar, los entes oficiales aceptan estas declaraciones juradas sin realizar cuestionamientos y cobran en base a éstos. Existen algunos escasos controles a cargo de inspectores, que en la mayoría de los casos deben controlar gran cantidad de pozos petroleros ubicados en diversos puntos geográficos de la provincia. En Neuquén los controles de producción petrolera los hacen siete inspectores de la subsecretaría de Hidrocarburos, que hacen el trabajo de campo en tres áreas, centro, oeste y norte. Son los encargados de revisar la cantidad de metros cúbicos producidos y declarados. Además, hay inspecciones sobre obras e inversiones, que también realiza la Subsecretaría, pero con personal de la oficina. En este caso ellos determinan si se cumple lo comprometido en los contratos de concesión.
Además hay un cuerpo similar de inspectores de la subsecretaría de Medio Ambiente, que es el que controla los problemas de derrame y todo lo vinculado a la situación ambiental. El principal problema que hay en esta área es que el personal es poco para la cantidad de pozos a trabajar y en muchos casos desde la oposición han denunciado pago de coimas por parte de las empresas para evitar controles. La provincia de Neuquén tiene un total de 139 áreas, de las cuales 51 están concesionadas por Nación, 49 en Explotación -31 de las cuales fueron prorrogadas por 10 por la provincia, 8 están en proceso de renegociación, 1 no entró en la renegociación (Loma de la Lata) y 9 están sin proceso de prórroga-; en tanto, otras dos áreas están concesionadas para explorar. Asimismo, existen otras 51 otorgadas por la provincia, 19 de las cuales están para exploración y 32 para explotación. Además hay 37 áreas otorgadas a la empresa de hidrocarburos estatal Gas y Petróleo de Neuquén, destinadas a la concesión o explotación: 20 de las cuales están reservadas para la empresa estatal, en 14 de ellas ya concursó con distinta suerte la firma, y 3 están listas para transferir. En total en la provincia hay unos 5.200 pozos petroleros en funcionamiento y sólo siete personas encargadas de controlar la extracción. En el caso de la provincia de Río Negro, la dirección general de Hidrocarburos fiscaliza los volúmenes de producción y calidad de petróleo y gas a través de mediciones computables en puntos de entrega determinados. Esta tarea es realizada por el Cuerpo de Policía de Hidrocarburos, que cuenta con delegaciones en la localidad de General Roca, Catriel, Cipolletti y Bahía Blanca. En la provincia hay 4.500 pozos, entre lo que se cuentan, los gasíferos, pozos inyectores, y pozos de extracción. El control de Policía está ejercido por tan sólo cinco inspectores; de los cuales, uno se encuentra en la ciudad de Cipolleti; dos en la localidad de Catriel -punto neurálgico de Río Negro en la explotación petrolera- y otros dos en General. Roca. Es decir que para controlar 4.500 pozos, la provincia cuenta con un magro equipo de fiscalización. En la provincia de Santa Cruz, el control sobre los pozos petroleros es prácticamente nulo. Hay 6.429 pozos de extracción efectiva por bombeo mecánico, más 382 por bombeo sumergible y 483 parados en forma transitoria. Según pudo saber La Tecla Patagonia, en la práctica hoy en la zona norte de Santa Cruz, no se están haciendo controles. Había en su momento siete inspectores que realizaban con unidades de medición de crudo, en forma aleatoria el control para verificar luego con la declaración jurada de las operadoras. Pero en la actualidad, el reciente Instituto de Energía que reemplaza a la secretaría de Energía, perdió la sede que tenía en la zona norte, y los inspectores no se encuentran trabajando. En la zona sur existen más controles aunque el Instituto de Energía se encuentra en pleno período de transición por lo que las fiscalizaciones no se realizan en forma sistemática. Por último, en la provincia de Chubut, hay alrededor de 5.100 pozos en actividad. La provincia conducida por Mario Das Neves es la primera productora nacional de crudo. Los encargados de llevar el control son apenas cinco inspectores. El acceso a información oficial en esta área de Chubut resulta no menos que una odisea.