El desafío de la Provincia para frenar el efecto motosierra

Por Hernán Sánchez y Juan Pablo Carvajal

La motosierra de Javier Milei arrancó en máxima potencia y la preocupación se extiende a la sociedad en general y a las administraciones provinciales y municipales en particular. Axel Kicillof sabe que la magnitud del recorte afectará su administración, por ello le pide a la Legislatura que le apruebe leyes claves que deberían votarse en los próximos días y que servirían para morigerar el impacto. Además ha solicitado a su nuevo gabinete que sostenga la gestión con el menor resentimiento posible. El Gobernador no quiere ir a la guerra con el Presidente, pero sí marcar una diferencia de estilo y de concepción del rol del Estado. Una pulseada entre dos modelos en su máxima expresión.

El problema es que el mandatario bonaerense está en desventaja. La Provincia es la más afectada en el régimen de coparticipación y necesita sí o sí de la mano de la Nación para subsistir sin estallar. Kicillof habla con Guillermo Francos, el ministro del Interior, y valora el diálogo que hay con él, pero Francos, hasta ahora, no le ha podido dar ninguna precisión económica al Gobernador. La falta de información concreta no sólo genera incertidumbre y preocupación, sino también una paralización sobre las acciones inmediatas que permitan al titular del Ejecutivo provincial trazar un horizonte más o menos claro para su segundo mandato.

A modo de advertencia, hasta el propio Kicillof deja en claro públicamente que la Provincia tiene la potestad de imprimir su propia moneda si quisiera hacerlo. Es una herramienta a la que podría recurrir si careciera de ayuda suficiente. Por ahora, en el Gobierno descartan que sea un camino a re-correr en lo inmediato, pero cuando el río suena... Tampoco habría, por el momento, un bono para alivianar la deuda que el Estado bonaerense tiene con proveedores, como lo hizo en 2015. Una vez asegurado el dinero para sueldos y aguinaldos, Hacienda comenzó a soltar otras partidas.

El Gobierno provincial no recortó ministerios, a excepción de la ya sabida supresión de la Jefatura de Gabinete, ni promete un achicamiento del gasto político o de funcionamiento. Sí trascendió en las últimas horas que está congelado el ingreso de personal. “Bajar ministerios es humo para la tribuna, igual que bajar la pauta oficial, porque el gasto de los cargos políticos es insignificante para el Presupuesto”, afirman en calle 6.

La posibilidad de la reinstauración del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría significaría un ingreso por coparticipación para la Provincia de 61.000 millones de pesos, que se perdieron con la derogación impulsada por Sergio Massa. Kicillof no pidió que se vuelva a instaurar este tributo, a cambio quería que Milei coparticipara el impuesto al Cheque. Pero en épocas de vacas flacas, todo extra viene bien, máxime si el costo político lo paga el Presidente.

Uno de los principales problemas pasa por los recursos fuera de la coparticipación, que llegaron en cantidades durante la administración de Alberto Fernández. “Si cortar la discrecionalidad, como anunciaron, es cortar con los ATN (Adelantos del Tesoro Nacional) no nos afecta demasiado, lo que nos afecta es que corten los planes o programas de gestión”, dijo una fuente cercana al mandatario. Los principales programas que solventa Nación son el MESA, que pone bolsas de comida en miles de hogares humildes; el Plan de Infraestructura Penitenciaria y el Fondo de Financiamiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires (FOFOFI), que aporta 1,18 % extra de recursos coparticipables para solventar la seguridad, y que surgió del punto de coparticipación que Fernández le sacó a la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien hay otros fondos conveniados, estos tres son los más trascendentes, y llevan la magra coparticipación del 21,7 % de los recursos nacionales que le corresponden a la Provincia a más de 24 %. A eso debe sumarse el convenio anual de actualización por inflación del Consenso Fiscal, sobre lo cual tampoco hay precisiones.

En el tema infraestructura, en la administración provincial esperan que se cumpla la promesa de que siguen las obras que están en marcha, pero para ello deben redeterminarse partidas, que quedaron muy atrasadas por la inflación. Tampoco hay una precisión al respecto, y son muchas las obras que se iniciaron en territorio bonaerense con recursos nacionales. “Si mantienen eso, en 2024 vamos a estar bien, el problema lo vamos a tener en 2025, porque no se va a poder licitar nada nuevo ahora”, dicen en Gobernación. Por otra parte, la gestión provincial descansa en que sus grandes obras están financiadas por organismos multilaterales o bilaterales de crédito, que no debe-rían sufrir alteraciones. Hay, por caso, un ambicioso plan de urbanización de villas que lleva adelante el OPISU y está financiado por el Banco Mundial. 

“Lo que necesitamos es que se continúe el ritmo de las construcciones. Nos preocupa, por ejemplo, que se pare el Procrear, porque hay mucha construcción con ese crédito, y si se detiene va a haber mucha mano de obra desocupada”, aseguró un integrante del gabinete a La Tecla. Incluso adelantó que si se detiene el programa harán un es-fuerzo desde la Provincia para sostener esos créditos. También hay incertidumbre sobre las obras en Educación, donde quedan muchos arreglos por hacer y escuelas por construir, pero a este ritmo solamente habría dinero para afrontar la carga salarial de ese ministerio, que, para empezar, tendrá una paritaria fuerte antes del inicio del próximo ciclo lectivo.

En Salud, uno de los inconvenientes más graves es que no hay precios determinados para la compra de insumos hospitalarios, que en muchos casos son en moneda extranjera. El otro es saber si van a estar disponibles los dólares para realizar las compras. También lo atribuyen a la falta de precisiones económicas por parte del Ejecutivo nacional.
 
Kicillof deberá asistir a municipios con problemas financieros. “Los vamos a ayudar para que puedan pagar los sueldos, no queremos que nadie se quede sin cobrar”, aseveran en el oficialismo. La demanda de los jefes comunales es cada vez mayor, y el panorama de las cuentas bonaerenses empieza a ser grisáceo por culpa de la motosierra. Por eso el Gobernador, mientras analiza si va a presentar o no Presupuesto para el año que viene, sí está apurado para que la Legislatura le apruebe la continuidad de las emergencias, le dé el visto bueno a un nuevo endeudamiento y le asegure una nueva Ley Impositiva, que adecúe los impuestos a la escalada inflacionaria. Sin esa herramienta, las cosas serían mucho peores. La puja política en las cámaras legislativas estará dura, pero tanto el oficialismo como la oposición entienden que, ante el recorte proveniente de Nación, habrá que buscar más recursos propios, al menos para poder subsistir. 




CUESTION DE FONDOS
El reparto a la Provincia, bajo la guillotina de los recortes nacionales

El Gobierno nacional anunció el recorte en un 70 % de las transferencias discrecionales a las provincias, las cuales representan en total el 0,7 % del PBI. 

Según anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, la eliminación terminaría con el uso corriente de este fondo para intercambiar favores políticos.

Días atrás, el propio Caputo compartió en sus redes sociales un paper en el que anunciaba la reversión de la quita de ganancias que comprende el 0,7 % del PBI. 

En este escenario, las provincias solo se verían afectadas por la reducción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y por la eliminación de la obra pública. De enero a marzo de 2023, los envíos de ATN alcanzaron la suma de $201.518.094.700.

Cabe destacar que en noviembre de este año llegaron al territorio bonaerense $342.637.350.500 en concepto de coparticipación nacional, y el año pasado, en el mismo mes la transferencia fue de $153.138.419.600.

Esa diferencia de $189.498.930.900 implicó que los recursos federales crecieran 123,74 % en la comparación interanual.

Por parte de los ATN y de acuerdo a datos que surgen del informe al Congreso que entregó el
anterior jefe de Gabinete, Agustín Rossi, de la Auditoría General de la Nación y de Presupuesto Abierto, la provincia de Buenos Aires recibió el año pasado $63.674 millones, que representan más del 49 % del total que repartió el Gobierno nacional.


La asistencia en tiempos complejos

Servicio Alimentario Escolar (SAE)
A valores de octubre de 2023, el Servicio Alimentario Escolar equivale a $13.294.294.864,40 mensuales. Al asumir la gestión se aumentaron 500.000 cupos para las prestaciones de Desayuno y Comedor. Actualmente, el SAE alcanza a 2.380 millones de Niños, Niñas y Adolescentes en la prestación Desayuno/Merienda, en 11.000 establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario de los 135 municipios.

Programa Un Vaso de Leche por Día
A través del programa se gestiona la entrega de leche en polvo a los municipios para garantizar el bienestar de la comunidad en general y el acceso de las y los niños a una dieta alimentaria que cubra los valores nutricionales requeridos.
Alcance:Desde el inicio de la gestión hasta mayo de 2022 se entregaron un total de 16.711.433 kilos de leche en polvo.Se universalizó la prestación a los 135 municipios de la Provincia, incluyéndose a 86 que estaban afuera del programa.+ 681.000 beneficiarios/as a los que el programa llega por intermedio de ONG y municipios (calculado en base a los 737.000 beneficiarios de junio de 2021).La entrega mensual es de 767.000 kilos.
MESA Bonaerense
Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) Bonaerense. Con la suspensión de la educación presencial en el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 comenzaron a entregarse módulos alimentarios mensuales a niños, niñas y adolescentes que asisten a las 11.000 escuelas. Posaislamiento, el programa se mantuvo para asegurar la continuidad de la asistencia.
El módulo alcanza a:2.061.252 niños, niñas y adolescentes.11.000 establecimientos educativos de nivel inicial, primaria y secundaria.135 municipios de la Provincia.

Asistencia alimentaria
La provisión de alimentos secos está destinada a la atención de las necesidades nutricionales de aquellos que, por diversas circunstancias (sociales, culturales, económicas), se encuentran en situación de vulnerabilidad social en la provincia de Buenos Aires siendo complejo y/o imposible el acceso a los mismos. Actualmente se asiste a los 135 municipios, que cada 60 días retiran en los depósitos con que cuenta el ministerio los alimentos que luego distribuyen a las familias y espacios comunitarios.
Más de 1.000 espacios comunitarios reciben alimentos secos (en algunos casos retiran en los depósitos y en otros reciben en los mismos espacios, dependiendo de la situación de cada uno). Hasta el año 2019 la asistencia alimentaria alcanzaba a 115 municipios; al comenzar la gestión la prestación se universalizó a los 135 distritos de la Provincia.

Programa de Fortalecimiento Alimentario a Espacios Comunitarios (FAEC)
El programa consiste en un aporte económico a través de una tarjeta de débito a comedores y merenderos comunitarios, que se destina a la compra de alimentos frescos, equipamiento y gastos de funcionamiento (vajilla, utensilios, servicios y otros gastos).
A mayo de 2023 la inversión mensual en el programa de Fortalecimiento Alimentario a Espacios Comunitarios ascendió a 215 millones de pesos.

Comprar en comunidad
En 2022 se aprobó por resolución la creación del Programa Comprar en Comunidad, que nuclea las líneas de acción que se desarrollaban anteriormente bajo el Programa de Alimentación Sana, Segura y Soberana.





GABRIEL KATOPODIS
“Vamos a trabajar para que las obras no se frenen”

Respecto a las obras, el nuevo ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, dejó en claro que se va “ratificar el rumbo que se viene llevando en estos cuatro años”.

Además señaló: “En esta provincia, el voto a favor de Axel Kicillof para este segundo mandato fue reafirmar más obras públicas, además del esfuerzo para que no se paren; y para eso vamos a tener que trabajar mucho, para que miles de proyectos que están en la Provincia y son financiadas por esta administración no se frenen, porque, definitivamente, los problemas no se resuelven frenando, ni paralizando la infraestructura, ni despidiendo trabajadores del sector de la construcción”.

Sobre el diálogo con los intendentes, el funcionario explicó: “Este es un Gobierno que ha caminado la Provincia muchas veces y tiene un vínculo directo con los intendentes, y ha dado el ejemplo de cómo se ha trabajado con los del radicalismo, los de la oposición. Con ese espíritu vamos a trabajar en la Provincia”. 


JAVIER RODRIGUEZ
“Vamos a plantear que el ajuste no afecte a los sectores medios”

Sobre el actual escenario, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, dijo: “En la campaña, en ningún momento se habló de que el ajuste recayera en el pueblo, por eso vamos a seguir atentos y vamos a plantear que el ajuste no afecte a los sectores medios, ni caiga sobre el pueblo”. 

En esta línea agregó: “Hay un anuncio del incremento de los derechos de exportación, de los impuestos. Lo que veníamos escuchando era que no iba a haber aumento de impuestos, y nos encontramos con estos anuncios”. 

Asimismo, respecto a la gestión que se inicia expresó: “Tuvimos un reconocimiento a nuestra fuerza política, tanto en las PASO como en las generales y en el balotaje. Hubo un acompañamiento a las ideas que defendemos, y somos absolutamente respetuosos con esta situación en particular, porque hay pocos antecedentes en la Provincia de un Gobierno nacional con un signo político diferente y con diferencias tan claras. Tenemos un compromiso claro por fortalecer la producción, por fortalecer el trabajo, la educación pública y la salud, que es lo que venimos haciendo”.



JORGE D'ONOFRIO
“Lo que anunció el Gobierno va a ser un golpe muy grande al bolsillo”

También se expresó el nuevo titular de la cartera de Transporte, Jorge D´Onofrio, que, a modo de análisis, consideró: “Se vienen momentos difíciles para los bonaerenses, y la responsabilidad de esta gestión es cuidarlos a todos. Lo que anunció el Gobierno va a ser un golpe muy grande al bolsillo de todos. Esperemos que las autoridades nacionales tengan las precisiones para comunicarnos en cada área cómo va a impactar”.

Sobre las previsiones de su área, el ministro indicó: “La Provincia tiene la responsabilidad de cuidar a los bonaerenses, por eso necesitamos conocer los alcances de estas resoluciones”.
En referencia a los subsidios a las tarifas comentó: “Quien los garantiza es el Gobierno nacional, así que tenemos que esperar lo que ellos decidan. Provincia de Buenos Aires paga lo que llegaba del Gobierno nacional”.

Respecto de este punto el funcionario añadió: “En el AMBA, el que define el valor es el Gobierno nacional, y nos indica a nosotros cuánto hay que pagarle a cada empresa. Hoy ni siquiera está mi contraparte nacional para que diga cómo va a ser esto”. Agregó: “Lo único que se escucha es ‘vamos a terminar con la inequidad entre el AMBA y otras provincias’. No es la misma la velocidad comercial en el AMBA que en la ciudad de Córdoba por ejemplo, que no sube y baja gente constantemente, la rentabilidad es mucho menor, para eso está el Estado”.

Desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros expusieron que “ninguna jurisdicción ha percibido el ajuste de $2.500 millones del mes de noviembre establecidos en la Resolución N°608/23 del ex Ministerio de Transporte -que debió cancelarse el cuarto día hábil de diciembre-, como tampoco se ha restituido a las empresas el saldo del 3 % de las sumas provenientes del Fondo Compensador del Transporte en los términos que resultan imprescindibles para el pago del SAC, tal como se expresara en oportunidad de suscribirse el acuerdo paritario del mes de noviembre de 2023”. 

Asimismo alertaron por las consecuencias “del impacto generado por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional, que devaluara la moneda de curso legal en un 55 por ciento”; esto afectó a los precios del combustible mayorista, que en el interior se abona $1.000 por litro. Por esa razón reclamaron la reestructuración de los costos hasta tanto se cuenten con medidas que permitan la sustentabilidad de los mismos.



NICOLAS KREPLAK
“Esperemos que haya un compromiso en no especular”

También analizó la actual coyuntura el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien manifestó: “Hay que sostener la inversión en el sistema de salud y hay que seguir mejorándolo. Hay un panorama donde aumenta el desempleo y se reducen los recursos a las personas. Esto va a tener un impacto en la salud, que va a provocar una sobrecarga en el sector público y va a empeorar las enfermedades crónicas; por eso vamos a tener que ser más cuidadosos, trabajar articuladamente y lograr más eficiencia y eficacia en el trabajo que vamos a hacer en todo el territorio. Hay una base muy fuerte, pero tenemos situaciones complejas, donde vamos a tener que trabajar día a día, y esperamos que cada medida que se tome tenga el menor impacto en la salud”.

Respecto a las políticas de contingencia frente al escenario privado, el ministro aclaró que “estamos trabajando con una sobredemanda del sistema de salud hace mucho tiempo, y eso lo sabemos. El problema no es el sistema sobrecargado, sino es sobre el impacto en la vida de las personas. Ahí tenemos la preocupación, por eso esperamos trabajar con el Gobierno nacional en la mejor manera posible para aminorar las consecuencias”.

Acerca de las licitaciones en curso, Kreplak destacó: “Esperemos que haya racionalidad, que haya un compromiso de los empresarios en no especular, que no se aumente por arriba de lo convenido en los contratos. Los medicamentos, por ley, son un bien social, porque garantizan el derecho a la salud. En-tendemos que no se pueden fundir las empresas del sector”.


HOMERO GILES
“Con los últimos anuncios se embarra el mercado”

Sobre la situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) con los municipios, el titular del organismo, Homero Giles, puntualizó: “Hay una demanda de los intendentes de larga data, pero cuando ingresamos nosotros había una deuda promedio de seis meses con los municipios y la llevamos a dos meses y medio. Venimos de una política de desendeudar a los distritos, además de mejorar los precios de las prestaciones que les pagamos. Y hay 64 localidades que tienen como prestador único a los hospitales municipales, y a esos nosotros pagamos una diferencia de un 20 por ciento más, y ahora estamos dando un plus de un 30 por ciento”.

Al contexto económico tras la asunción del nuevo Gobierno nacional Giles lo calificó como “complicadísimo”, y agregó que “estamos viendo en los últimos meses que los médicos se alejan de las obras sociales y prepagas, dejan de atender, que hay problemas con los insumos, prótesis y medicamentos; todo en un marco de un contexto generalizado que nos afecta. IOMA es la segunda obra social de mayor escala, y eso es un problema, porque no hay precios de insumos hace dos meses, no se logra importaciones, y con los últimos anuncios se embarra el mercado. Es un contexto complicado para la salud”.