Luego de la reglamentación de la Ley Bases, la gestión de Javier Milei tiene vía libre para privatizar, en el corto o mediano plazo, las empresas que pertenecen al Estado argentino. El engranaje ya está en movimiento, luego de la aprobación de los balances y la transformación, en los casos necesarios, de sociedades del Estado a sociedades anónimas, se dará inicio al proceso de remate.

A través del decreto 695 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno ya fijó el sistema para avanzar con la venta total o parcial de esas empresas públicas, cuyo pliego deberá ser controlado por la Auditoría General Nacional y la Comisión Bicameral de Privatizaciones, que aún no conformó el Congreso. 

El listado inicial de empresas que la gestión del presidente Javier Milei buscaba sacar a la venta, en la primera edición de la Ley Bases, era de 41 empresas, pero finalmente solo terminaron incluidas para privatizar en forma total Enarsa e Intercargo, y en forma parcial Belgrano Cargas, Corredores Viales, Aysa, y Ferrocarriles, así como para incorporar capital privado a Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Fiscales.

Cabe destacar que si bien Correo Argentino y Aerolíneas son algunas de las empresas que quedaron fuera de la posibilidad de privatizar, el Gobierno planea avanzar, en cuanto pueda, con un proyecto individual para cada una. Mientras tanto, entre cierre de oficinas y despidos, trabaja en la puesta a punto de cada una para cuando pueda sacarlas al mercado.

En la privatización se transfiere de manera permanente la propiedad de una empresa o un activo del Estado al sector privado. En tanto, concesionar implica transmitir de forma temporal la administración de una empresa o un activo del Estado al sector privado. El artículo 17 de la Ley N° 23.696 utiliza la expresión “privatización” de empresas públicas por concesión, licencia o permiso. Es decir que la concesión también es una forma de privatización.

Por ejemplo, en el caso de Obras Sanitarias de la Nación, la empresa brindaba el servicio de agua (el que ahora tiene a cargo la estatal AySA). En 1993, se firmó el contrato de concesión entre el Estado nacional y la empresa Aguas Argentinas SA para la distribución y comercialización del servicio de agua potable. El contrato se firmó por 30 años, es decir que hubiera caducado en 2023, pero en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner rescindió el contrato. Una vez más, AySA vuelve a estar sobre la mesa de negociación.

Sobre las modalidades de privatización, la ley 23.696 establece como opciones la venta de los activos de las empresas, como unidad o en forma separada; venta de acciones o cuotas partes del capital social; el contrato de locación con o sin opción a compra, por un plazo determinado; el contrato de administración con o sin opción a comprar por un plazo determinado; o la concesión, licencia o permiso.

Respecto del procedimiento, las modalidades señaladas se deben ejecutar con alguno o con una combinación de los siguientes procesos: licitación pública, concurso público, remate público, venta de acciones en mercados y bolsas del país, o contratación directa, en algunos casos.

Previo al desglose de cada empresa, La Tecla dialogó con aquellos que conocen estas compañías desde adentro y advierten las consecuencias de esta receta que ya se ha aplicado. 

Ricardo Julio Nin, presidente de Fundación Excelencia, un espacio que nuclea profesionales y ejecutivos vinculados a la industria y el quehacer energético, se anticipó a la privatización y advirtió sobre el destino de Enarsa.

-Son cosas que debemos tener bien en cuenta. Automáticamente, cuando algo se privatiza, lo que se busca es generar ganancia, no inversión de futuro. Van a tomar en sus manos la generación de la energía que hay, con el mantenimiento mínimo, y en este contexto no hay futuro de desarrollo que nos permita avanzar en ciencia y tecnología para invertir en nuevas centrales o termoeléctricas. Porque el privado no va a invertir y detiene, a su vez, todos los procesos de investigación. 

-Lo que se pierde es la libertad como Nación es continuar con un legado de desarrollo nuclear independiente, con acceso a un proyecto nacional. Esto es así. Yo no digo que no se pueda privatizar, hay toda una intención para privatizarla. Ahora hay que ver qué trae aparejado todo eso atrás. 

-Para darte un ejemplo, AySA, antes de ser lo que es era una empresa francesa, tenía en su proyecto hacer en 35 años una planta potabilizadora de agua en La Matanza. Y, cuando paso a manos del Estado, la planta se hizo en 5 años. Entonces, las grandes empresas que invierten buscan sacar, pero no invertir a futuro. 

Eso es lo que se evidencia. Si a mí me preguntan si es conveniente para el futuro, para el país, para un proyecto de desarrollo de ciencia y tecnología, yo digo que no. No. Es el punto de vista de alguien que vio lo que fueron los procesos de privatización de las empresas eléctricas.

-Se observan algunos movimientos, por ejemplo quisieron vender como chatarra el reactor nuclear que hoy está funcionando en Atucha,  todo lo que estaba ahí. Como pasó con la fábrica de submarinos, como pasó con todo. En su momento, se quiso vender como chatarra cosas que gracias a la labor del personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Nucleoeléctrica ahora, hoy, ese material es lo que hace funcionar la central nuclear Atucha II. 

Respecto a Intercargo, desde la Asociación del Personal Aeronáutico advirtieron a este medio las consecuencias de una posible privatización. Cecilia Moccia, ProSecretaria de Prensa, Cultura y Difusión, advirtió un deterioro del servicio y una reducción sustanciosa del personal.

-No supone ninguna mejora del servicio o rentabilidad, lo que supone la privatización es el desguace del Estado en consonancia con lo que viene proponiendo La Libertad Avanza, eso implica en muchos casos hasta desaparición de empresas. 

Lo que ocurre es que en este caso en Intercargo todavía no sabemos qué formato va a tener la privatización, no se sabe si hay alguien interesado en comprarla, por ahora no tenemos más detalles. 

-Esto es un calco de los 90, nosotros entendemos desde APA que va a significar una reducción en los puestos de trabajo muy drástica, de hecho ya hay una paritaria atrasadisima respecto de los trabajadores del sector, tanto de Intercargo como de Aerolíneas, un 70% por debajo de la inflación. 

Así que las consecuencias van a ser terribles para el sector y para los trabajadores, porque los que queden trabajando ,además, van a hacerlo en condiciones sumamente precarias.

-La cuestión de los cielos abiertos, en donde las implicaciones son muchísimas. La primera es que se elimina el piso tarifario y se favorece el dumping.

El dumping es vender por debajo del costo, por eso los precios baratos, porque detrás de una determinada compañía aérea hay una corporación que tiene espalda financiera como para copar un mercado y una vez que lo ocupa con precios baratos lo monopoliza y pone los precios que quiere. Hay experiencias de estas de sobra en países como Europa o en el Medio Oriente de aerolíneas que, así como aparecen, después desaparecen porque tienen estas prácticas monopolizadoras y muchas de ellas terminan en un accidente. 

En la Argentina tenemos esa lamentable experiencia con LAPA (Líneas Aéreas Privadas Argentinas). Lo que pasa es que las aerolíneas llamadas low cost tienen una vida tan corta que estas historias ni siquiera se conocen, pero ocurren y son catástrofes cada vez que un accidente de esta naturaleza ocurre.

Otra de las aristas que tiene que ver con la desregulación es la liberalización de normas, es decir, el Estado deja de regular y la realidad es que la actividad aérea requiere de seguridad operacional por sobre todas las cosas.

-Sin una normativa específica como lo exigen todas las normas internacionales, es muy difícil garantizar la seguridad aérea. Si investigas el caso de Flybondi, por ejemplo, el primer año que voló tenía hasta tres incidentes diarios y hoy por hoy tiene una cantidad de cancelaciones que llegó a colocarla en la primera aerolínea del mundo a nivel de cancelaciones. Ese es un poco el modelo que ellos proponen, una aerolínea que haga lo que quiera, que vuele cuando quiera y si no quiere volar no responde ante nadie. Por eso hace poco salió una multa millonaria en la provincia de Buenos Aires ante la cantidad de pasajeros que no tenían ningún tipo de cobertura porque además esta aerolínea no ofrece ningún mostrador, ningún teléfono para que un ser humano atienda los reclamos, es todo de manera virtual, entonces es una tensión tan etérea que nunca se concreta. Ese parece ser el modelo. 

Por otro lado, en pleno proceso de venta, las consecuencias de la desvinculación de AySA han tomado lugar en la provincia de Buenos Aires. 

En la semana que pasó, la empresa estatal de aguas y saneamiento cerró la oficina de atención al público de Florencio Varela y despertó el descontento de la población. Esta misma situación se vive en Esteban Echeverría donde su intendente, Fernando Gray, se quejó del cierre de la oficina de Aysa y propuso un espacio para reubicar la sucursal. 

Desde el municipio señalaron a La Tecla que el Ejecutivo local fue notificado sobre el cierre (sin justificativo) por lo que proporcionaron opciones para garantizar un sitio destinado a realizar consultas, trámites y/o reclamos inherentes a la prestación operada por la firma en el distrito. Sin embargo, esta propuesta no llego a buen puerto.

“Dicha situación genera a nuestros vecinos la imperiosa necesidad de trasladarse a otro municipio con la intención de recibir la atención personal debida en su condición de usuarios del servicio por usted prestado”, señaló el intendente Andres Watson.

Cabe mencionar que la compañía se encuentra en un proceso de reconversión de su relación con sus clientes.

"Con el objetivo de distribuir de manera más eficiente los recursos y luego de años de desarrollo de nuevas herramientas digitales que han sido bien recibidas por los usuarios, AySA está avanzando en el cierre de sus centros de atención presencial y adoptando un nuevo modelo de atención", señalaron en un comunicado.

"En promedio, un usuario realiza únicamente dos gestiones comerciales por año, y estas pueden completarse en su totalidad de manera online”, justificaron.

Enarsa es una de las compañías que se encuentran dentro del listado de empresas a privatizar. Esta se dedica a diferentes áreas del sector energético, tales como la importación y comercialización de gas, la realización de obras de infraestructura y la generación y el transporte de energía eléctrica.  

La empresa es 100% estatal: el 97,95% de las acciones pertenecen al Estado nacional; mientras que las provincias de Chubut, Formosa y Río Negro cuentan con un 0,6% (0,2% cada una); las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego poseen el 1,44% (0,12% cada una) y la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, el restante 0,01%.  

Una de las principales funciones de Enarsa está relacionada con la distribución de gas natural en todo el país. Para ello se encarga de la importación de GNL (gas que es convertido en líquido para ser transportado en barcos y luego es regasificado en puertos de nuestro país) y de gas natural proveniente de Bolivia. La traza troncal del Gasoducto Presidente Nestor Kirchner tiene una extensión de 573 kilómetros entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), atravesando las provincias de Río Negro y La Pampa. 

En materia de energía eléctrica, Enarsa interviene en su generación a través de hidroeléctricas (comercializa la energía producida por las represas de Yacyretá y Salto Grande) y centrales térmicas y en el transporte, a través de la empresa Transener. Una de las dos termoeléctricas pertenecientes a Enarsa es la Termoeléctrica San Martín, ubicada en la Ruta 14 Km 2,6 de la ciudad de Campana (Argentina), sobre un predio de 341 hectáreas.

De esta manera, Enarsa tiene una estrecha relación  con la provincia de Buenos Aires, actuando como un brazo del Estado nacional para garantizar el suministro energético en una de las regiones más importantes y demandantes del país. Además,  podría traer consigo una serie de riesgos significativos para la Provincia, afectando tanto la economía local como el acceso y la calidad del servicio energético. Por ejemplo, la privatización podría implicar la transferencia del control de infraestructuras clave, como gasoductos y plantas de generación eléctrica, a manos privadas. Esto podría llevar a una menor capacidad del Gobierno provincial para intervenir en la gestión energética en situaciones de crisis o para garantizar la continuidad del suministro en áreas críticas.

Intercargo desempeña un rol crucial en la industria aeronáutica de Argentina, manteniendo una estrecha colaboración con Aerolíneas Argentinas. Dicha empresa se encarga de brindar servicios esenciales de handling aeroportuario, gestionando equipajes, carga, asistencia en pista y transporte dentro del aeropuerto.

La privatización de Intercargo y su estrecha relación con Aerolíneas podría anticipar la venta de la aerolínea de bandera de Argentina. Por mencionar un caso, Mar del Plata es un claro ejemplo de la importancia de Aerolíneas Argentinas. Con su Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla, la ciudad recibe un promedio de cinco vuelos diarios, siendo una parte fundamental de la red de destinos de la aerolínea.

La conectividad aérea proporcionada por Aerolíneas impulsa diversas actividades económicas y sociales, incluyendo negocios, cultura, deporte, educación y turismo. La privatización podría significar la reducción o eliminación de estos vuelos, afectando negativamente a la ciudad, su desarrollo y la competitividad de la Provincia.

La compañía estatal (Trenes Argentinos, perteneciente a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado), creada en 2008, opera 6 de las 8 líneas de trenes de pasajeros del AMBA, que representan el 85% de la demanda total. Tiene más de 23 mil empleados y en 2023 fue la segunda empresa pública con mayor déficit operativo, sólo superada por Enarsa. Cabe mencionar que en la mayoría de los países de América Latina el transporte de pasajeros está operado por empresas estatales.

Si bien Belgrano Cargas opera en el norte del país, la privatización de Ferrocarriles Argentinos podría conllevar una serie de riesgos para la provincia de Buenos Aires, afectando tanto la accesibilidad y calidad del servicio como la economía y la sostenibilidad a largo plazo del sistema de transporte ferroviario. Algunos de estos ya se han hecho visibles, como lo es priorizar las rutas más rentables y reducir o eliminar servicios en algunas áreas, especialmente las rurales, las cuales tienen un acceso limitado o nulo al transporte ferroviario.

Corredores Viales no significa otra cosa que las autopistas y rutas que atraviesan todo el territorio bonaerense, una futura privatización podría conllevar una serie de riesgos significativos para la Provincia. 

Estos corredores son fundamentales para la movilidad, el comercio y la economía. Por destacar, la privatización podría limitar la capacidad del gobierno provincial de planificar y gestionar la red vial de acuerdo con sus necesidades. Al igual que el resto de las empresas, las decisiones sobre la infraestructura podrían ser guiadas por los intereses comerciales en lugar de las prioridades públicas.

Como se mencionó anteriormente, la empresa presta el servicio de agua potable en el AMBA y fue estatizada en 2006. Entre 2006 y 2022, la cobertura de agua potable pasó de 76% a 85% de cobertura y la de cloacas de 57% a 72%, esto da una muestra del avance que logró la empresa en manos del Estado. 

AySA brinda servicio a una región estratégica y una de las zonas más densamente pobladas del continente.

En la actualidad, la compañía tiene alrededor de  7.500 empleados y un déficit de $117 mil millones, y su tarifa cubre el 61% de los costos de funcionamiento. 

De acuerdo a lo que puede observarse, la intención del Gobierno es que la red de distribución de agua potable y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la provincia de Buenos Aires vuelva a manos privadas o a tener un socio privado que controle el management. Es decir, que AySA deje de parecerse a la ex estatal Obras Sanitarias de la Nación creada en 1912 y se asemeje a la ex Aguas Argentinas, como se llamó la empresa cuando la privatizó el gobierno de Carlos Menem.

NA-SA es la empresa a cargo de la operación de las tres centrales nucleares en funcionamiento en el país, Atucha I, Atucha II y Embalse. También, de la comercialización en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de la energía producida por sus plantas y del gerenciamiento de proyectos que aseguren la normal operación de sus instalaciones, así como también de aquellos que tengan por objetivo la eventual construcción de futuras centrales nucleares en territorio nacional.

En la actualidad, es una sociedad anónima y su capital social accionario se encuentra distribuido entre el Ministerio de Economía de la Nación (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina S.A. (ENARSA) (1%).

Sin embargo, las centrales nucleares Atucha 1 y 2, junto al Carem, no han logrado esquivar la aplanadora del Estado que es la gestión libertaria. Al igual que en otras áreas, el recorte de fondos empuja y la subasta pública empuja al sector nuclear a una situación crítica en la que, como han advertido a este medio, la venta y desguace es inminente.

Como la CNEA aún no ha recibido las transferencias para hacer el pago a sus proveedores y contratistas, firmas como Nucleoeléctrica Argentina S.A. y el INVAP interrumpieron varios de los frentes de construcción de distintos proyectos nucleares, como el CAREM o el Reactor Argentino RA-10 (Ezeiza), lo que podría derivar en la parálisis total.

Otra de las consecuencias del desmantelamiento son el tendal de despedidos, a la fecha se contabilizan alrededor de 70 trabajadores (de los 160 que recibieron los telegramas) desafectados de sus tareas. Si bien intervino el Ministerio de Trabajo de la Provincia,  dictando una conciliación obligatoria provincial, el gobierno nacional hizo caso omiso y decidió finalizar el contrato de los 70 obreros. 

La privatización de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), la empresa estatal encargada de la explotación de carbón en Argentina, podría tener varios riesgos significativos para la Provincia de Buenos Aires, aunque la mayoría de las operaciones de YCF están más directamente relacionadas con la región patagónica, especialmente en la provincia de Santa Cruz, donde se encuentran los principales yacimientos. 

Sin embargo, debido a la interconexión del sector energético y la importancia de YCF en el contexto nacional, la privatización podría afectar indirectamente a la Provincia de Buenos Aires en varios aspectos. 

Aunque el carbón no es la principal fuente de energía en la provincia de Buenos Aires, la privatización de YCF podría afectar la soberanía energética nacional, lo que tendría repercusiones en la Provincia. A su vez, una menor capacidad estatal para gestionar los recursos energéticos podría hacer que todo el entramado productivo bonaerense dependa más de fuentes de energía privadas, con posibles impactos en la estabilidad del suministro y los precios.